El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria debatirá hoy la creación de una comisión que investigará el convenio urbanístico del Canódromo, a petición de la asociación de vecinos de Ciudad Alta (Avecalta). El PSOE, fuerza mayoritaria en la Corporación, apoyará la solicitud por expresa indicación del alcalde, Jerónimo Saavedra.
La investigación sobre el convenio urbanístico del Canódromo concretado durante el mandato del PP será propuesta hoy al Pleno municipal por la presidenta de la asociación de vecinos de Ciudad Alta (Avecalta), María de los Ángeles Sánchez, en el turno destinado a la participación ciudadana. La iniciativa reclama que se delimiten las responsabilidades políticas derivadas de la operación que permitió a una empresa privada un beneficio de 9 millones de euros, con unos solares que había recibido del Ayuntamiento como pago de los terrenos donde hoy se ubica el parque del Canódromo, a mitad de camino entre los núcleos de Schamann y Altavista. El PSOE, partido que gobierna con mayoría absoluta en alianza con Compromiso, ha optado por apoyar la propuesta vecinal, que será sometida a votación por un procedimiento sin precedentes en la vida política municipal.
La iniciativa cuenta con el abierto rechazo del Partido Popular (PP), que ayer se mostró sorprendido al conocer la inclusión, a última hora, de la iniciativa en el orden del día del Pleno. «Es inaudito que un grupo de gobierno investigue a la minoría», apuntó ayer Felipe Afonso, portavoz de la única fuerza en la oposición y concejal de Urbanismo en el mandato anterior. La portavoz del PSOE, Teresa Morales, avanzó que se trata de «aclarar las responsabilidades políticas» del caso.
El puente, un año después.
El consejo de administración de la Sociedad de Gestión Urbanística (Geursa) acaba de aprobar el pliego de cláusulas administrativas que regirá el concurso abierto para la redacción del proyecto de ejecución del puente de la calle Obispo Romo. Este proyecto tiene como objeto restituir la zona que se derrumbó hace un año. El presupuesto de licitación es de 123.900 euros y está previsto que se adjudique en el primer semestre de 2009.
Una pieza que se añade a una vieja polémica.
La operación del Canódromo vuelve a protagonizar el debate en el Pleno del Ayuntamiento después de cinco años. En octubre de 2003 se produjo la aprobación del plan especial del Canódromo, el último de los pasos administrativos que incorporaba al planeamiento municipal los contenidos de un convenio urbanístico marcado por la polémica desde el mismo momento de su firma, en abril de 2002. El frontal rechazo de la asociación vecinal Avecalta contó desde entonces con el apoyo de los partidos que ejercían la oposición municipal; el PSOE, Coalición Canaria y Compromiso, la plataforma de la entonces recién llegada a la política local Nardy Barrios. La propuesta que hoy se presenta al Pleno nace al abrigo de las decisiones judiciales ya adoptadas sobre el expediente, en particular la doble anulación del plan especial por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, conocida en febrero pasado. Atendiendo a su nueva responsabilidad de gobierno, el PSOE recurrió contra esa victoria vecinal, pese a las promesas electorales. Hace poco se ha conocido que el intermediario de la operación del Canódromo obtuvo unos beneficios de 9 millones de euros en apenas 40 días. La polémica está servida.